Los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía están obligados a garantizar la transparencia informativa y el derecho de acceso a la información pública en base a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Esta ley establece que todas las entidades que gestionan fondos públicos deben facilitar de manera veraz, accesible y periódica la información relevante sobre su gestión, con el fin de promover una sociedad democrática y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos.

La transparencia es un principio fundamental que se aplica a los Grupos de Desarrollo Rural para asegurar la correcta administración y control de las ayudas y programas de desarrollo rural, ofreciendo a la ciudadanía información clara y actualizada sobre sus actividades y resultados. Todo ello contribuye a la confianza pública y a la buena gobernanza en el ámbito rural andaluz.